 |
| Ricardo Alessio Robles Cerda. |
MÉRIDA, Yucatán.- Recientemente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a los socios Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, señalados por crear empresas en paraísos fiscales y cuyos nombres aparecen en la lista de los “Panamá Papers”, la construcción de una nueva cementera, en Progreso.
Con la instalación de la nueva planta, la calidad de vida y la salud de los habitantes de Flamboyanes, comisaría de Progreso, están en grave riesgo. A pesar de las recomendaciones de los especialistas, quienes advierten del grave daño que provocan las micropartículas que general las caleras y las cementeras, la Semarnat le autorizó el proyecto.
Cabe destacar que Robles Cerda fue primeramente empleado de Cemex y después de denunciar a la cementera por un “boicot monopólico” en 2004, se convirtió en un empresario que pretende competir con grandes corporativos, a cuyo proyecto ya le dieron el visto bueno.
Ricardo Robles creó las empresas Irkon Holding, Grupo Empresarial Alternativo y Grupo Baru del Norte en México y fue señalado por crear empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes a través de Futurvest Limited.
De acuerdo con el plan de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano del Sureste, el proyecto para Progreso, Yucatán, consiste en la instalación y operación de una planta de molienda de (clinker portland), con el fin de vender cemento de construcción en versión granel ensacado.
El pasado 22 de abril, la Semarnat entregó el resolutivo en materia ambiental, oficio con número 726.4/UGA-0526, al representante de la sociedad denominada Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, SA de CV, de Ricardo Alessio Robles Cerda.
La dependencia federal autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental, modalidad particular, (MIA-P) para el proyecto Instalación y operación de una planta de molienda de cemento”, ubicado en Progreso.
De acuerdo con el documento, el 17 de diciembre de 2020, Robles Cerda presentó el proyecto de MIA-P, para su correspondiente análisis y dictaminación en materia de impacto ambiental, mismo que quedó registrado con la clave 31YU2020ID139.
Posteriormente, el 14 de enero de 2021, la dependencia federal emitió el oficio número 726.4/UGA-0076/000070, y el 3 de febrero del mismo año notificó el ingreso del proyecto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, pero hasta el momento no hay respuesta alguna por parte de dicha dependencia local.
La Semarnat también emitió el oficio número 726.4/UGA-0075/000070, y lo entregó al Ayuntamiento de Progreso, y hasta ahora la instancia municipio no emite respuesta alguna.
Con base al oficio número 726.4/UGA-0077/000070, la Semarnat preguntó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) si el predio donde se desarrollará el proyecto cuenta con algún procedimiento administrativo instaurado, por lo que están en espera del resolutivo.
Según la Semarnat, el proyecto cumple con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy) y el predio se encuentra incluido en las Unidades de Gestión Ambiental, localizada en Progreso, dentro del paisaje mixto, cuya política ambiental es de “confinamiento” con criterios de regulación ecológica para esa zona.
Se indica que el proyecto cumple con los criterios establecidos en las leyes y reglamentos, además que no representa un riesgo para la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna terrestres y acuáticas en peligros de extinción, amenazadas y las sujetas a protección especial. Ante esto, la Semarnat emitió una autorización condicionada, con una vigencia de 12 meses para la etapa de construcción y 20 años para la operación del proyecto.
Ante la actitud del alcalde y la autorización emitida por la Semarnat, los contratistas Arquímedes Sánchez de la Cruz y Jorge Pérez Corona, consideraron que se trata de un retroceso que afectará a cientos de familia de Flamboyanes, quienes sufren las secuelas de la puesta en funcionamiento de la Planta de Molienda de Cementos Fortaleza, en la que se invirtió 30 millones de dólares.
Derivado de las quejas sociales y múltiples problemas con la justicia que han tenido los empresarios regiomontanos encabezados por Ricardo Alessio, a través de sus empresas Grupo Empresarial Alternativo, SA de CV, y el cemento turco que importan marca Goltas, con respecto al origen de sus recursos, a la calidad del producto, entre otros tantos.
Se supo que el cemento de importación ya no se estaría vendiendo de forma abierta en Mérida, sino clandestino, a través de la casa de materiales Acerofertas.
“La autoridad no ha querido proceder en contra de ellos y sus ilegalidades, pero la sociedad sí ha tomado cartas en el asunto y ha optado por no comprar y no ver con buenos ojos las obras y construcciones que utilizan tal material”, comentó Pérez Corona.
Actualmente, el cemento se lleva a municipios del interior del estado e incluso en poblados de Campeche y Quintana Roo, a un bajo precio y sin respectivo saco, para tratar de confundir al consumidor.