MÉRIDA, Yucatán.- El empresario evidenciado por tener sociedades en paraísos fiscales, Ricardo Alessio Robles Cerda, quien pretende construir una planta cementera en Yucatán, nuevamente está en el ojo del huracán, en esta ocasión por estar entre los favorecidos con alguno de los casi cinco mil contratos otorgados durante la caída de CompraNet.
En la polémica lista también está León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz; Emilio Escalante Méndez, el "rey" de las vacunas antirrábicas, y José Safar Boueri, proveedor inhabilitado de equipos dentales.
La plataforma electrónica del gobierno federal encargada de registrar y almacenar compras públicas realizadas con recursos federales sufrió una falla que la sacó de circulación entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2022.
Durante este periodo se registraron 200 contratos de obras y cuatro mil 698 de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a empresas con antecedentes de corrupción, documentó una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La Secretaría de Hacienda usó su cuenta de Twitter, en un intento para transparentar 214 licitaciones públicas por más de 14 mil millones de pesos, afirmando que “todos los procedimientos estuvieron sujetos al escrutinio público y fueron vigilados por los órganos internos de control de cada dependencia responsable de sus procesos”.
Sin embargo, cuando la organización le solicitó detalles, aceptó su “incompetencia” por no poder precisar la información.
Durante 17 días la plataforma electrónica otorgó adjudicaciones directas sin que la información fuera almacenada, informó la Secretaría de Hacienda a través de un Twitter, cinco días después del colapso de su sistema.
“No podemos saber si el gobierno le está comprando a una empresa fantasma o si un funcionario le dio la obra a un hijo suyo o si le dieron la vuelta a la competencia para asignar un servicio al compadre”, fue la postura de MCCI a través de su presidenta, María Amparo Casar, haciendo notar que el Gobierno está “obligado a cumplir con la Constitución”.
Esta falta de transparencia fue la puerta para que ingresaran personajes como Ricardo Alessio Robles Cerda. El nombre del ex empleado de Cemex apareció en el listado de la investigación de los Panama Papers, por la creación de Futurvest Limited, en las Islas Vírgenes, considerada un paraíso fiscal.
Robles Cerda es socio de Irkon Holding, Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa a la que solicitaron el “mantenimiento a Centros Federales de Prevención y Readaptación Social”.
La adjudicación fue hecha por la institución gubernamental Prevención y Readaptación Social a cambio de 230 millones de pesos.
Robles Cerda fue primeramente un empleado de Cemex, quien después de denunciar a la cementera por un boicot monopólico en 2004, se volvió en un empresario que pretende competir con grandes empresas.
Incluso, creó las empresas Irkon Holding, Grupo Empresarial Alternativo y Grupo Baru del Norte en México, así como fue señalado de crear empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes a través de Futurvest Limited.
Asimismo, en 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de una nueva cementera a los socios de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, la cual destinaría 60 millones pesos para su instalación y operación.
La compañía del empresario regiomontano fue auditada en 2017, por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y encontró que en el proyecto “Mejoramiento urbano del Corredor Insurgentes” hubo sobrecostos en los contratos por más del 25 por ciento así como demora en las obras.
Pese a la mala reputación, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) contrató a Irkon Holding SA de CV, por tres millones de pesos para realizar trabajos de demolición en la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Entre otras de las compañías que llaman la atención está Grupo Dequivamed SA de CV, de Emilio Escalante Méndez. Esta sociedad es la única proveedora en el país de las vacunas antirrábicas para perros y gatos.
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV, (Birmex) adjudicó a través de convenio AA-012NEF001-E96-2022 por la cantidad 17 millones 917 mil pesos, para que Dequivamed garantizara la distribución de las dosis