PROGRESO, Yucatán.- La comercialización de terrenos propiedad del Ayuntamiento de Progreso de manera ilícita sale a la luz en Progreso. El candidato del PAN a la reelección en la AAlcaldía de Progreso, Julián Zacarías Curi enfrenta una nueva denuncia penal, ahora por los delitos de fraude, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades al operar en contubernio con una empresa inmobiliaria la comercialización de terrenos que son del fundo legal del Ayuntamiento de Progreso.
La ciudadana, María Lucero Ángeles Tapia señaló que fue engañada por una empresa inmobiliaria del municipio de Progreso que le vendió un terreno sin construcción ubicado en el fraccionamiento Flamboyanes en el que el dueño no corresponde a la realidad del trato que hizo, toda vez que no fue una venta entre particulares, es decir, con el verdadero propietario, sino que le fue entregado en comercialización un predio que corresponde al fundo legal del Ayuntamiento de Progreso encabezado por Julián Zacarías Curi.
Esta es la segunda denuncia penal en contra de Zacarías Curi en lo que va de este mes, el pasado 8 de mayo, la candidata del PRI a la Alcaldía de Progreso, Lila Rosa Frías Castillo presentó denuncias en contra del alcalde y candidato panista a la reelección por actos de violencia política en razón de género, las cuales interpuso ante la Fiscalía General del Estado y ante la Unidad de Inteligencia Financiera, por gastar más de 10 millones de pesos en cuentas falsas de Facebook para atacarla, con base en el reporte oficial emitido por la citada red social que reveló cuentas vinculadas a Julián Zacarías.
La ciudadana María Lucero Ángeles Tapia dio a conocer que el lunes 3 de mayo pasado, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del alcalde de Progreso y candidato del PAN a la reelección Julián Zacarías Curi así como en contra del secretario municipal del Ayuntamiento de Progreso, José Alfredo Salazar Rojo; Manuel Rodríguez Peón, María Luisa Rubio Verde y Josué Zapata, por los delitos de fraude, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, estipulados en el Código Penal del Estado de Yucatán.
En la carpeta de investigación 15/2021 levantada por la Fiscalía General del Estado, Ángeles Tapia relató que en el mes de febrero de 2019 acudió personalmente a una inmobiliaria ubicada en un centro comercial del puerto de Progreso, que ofrecía en venta terrenos ubicados en el fraccionamiento Flamboyanes, siendo atendida por la asesora de nombre, María Luisa Rubio Verde quien le ofertó un terreno.
Agregó que tras acordar la comercialización, el 14 de marzo de 2019, María Lucero Ángeles Tapia firmó un contrato de promesa de compraventa de un terreno sin casa ubicado en la calle 51 número 586 del fraccionamiento Flamboyanes, que fue presentada como propiedad de Manuel Rodríguez Peón, por la cantidad total de 217 mil pesos.
La denunciante precisó que al terminar de pagar el predio en el mes de marzo de 2020, es decir, un año después, la empresa inmobiliaria le planteó hacerse cargo de escriturar el terreno, y que en aquella ocasión fue atendiéndola por una persona que se identificó como el “licenciado Josué Zapata”, a lo cual accedió.
Agregó que a partir del mes de marzo de 2020, fecha en la que inició la pandemia del Coronavirus, cuando intentaba localizar al licenciado Josué Zapata, éste le decía que no había podido avanzar en los trámites ya que todo estaba cerrado, y que ante la insistencia fue hasta el mes de septiembre de ese mismo año cuando Josué Zapata le entregó entonces una carpeta con diversos documentos del cual le expuso que le servirían para escriturar, sin embargo, al acudir a diversas notarías públicas le fue indicado que requería de otros documentos.
La denunciante explicó que al consultar el tema con otros abogados, le fue revelado que los documentos que le entregaron correspondían a un fundo legal otorgado a su favor mediante asamblea de Cabildo del Ayuntamiento de Progreso, con fecha 8 de agosto de 2020, y que no se trababa de una compraventa entre particulares, siendo que en el acta de asamblea se denota que el secretario municipal, José Alfredo Salazar Rojo, presentó para su aprobación diversas solicitudes para otorgar concesiones de terrenos de fundo legal, entre ellos el de ella, punto que se aprobó por unanimidad de votos.
Agregó que dicho predio se ubica en la calle 51 número 578 con 60 y 60-B del fraccionamiento Flamboyanes del Municipio de Progreso, es decir, otra dirección, procedimiento que fue autorizado por el presidente municipal, Julián Zacarías y el secretario municipal, José Alfredo Salazar Rojo, quienes avalaron la expedición de las concesiones de los terrenos y la firma posterior de los títulos de propiedad.
En la querella, la denunciante señaló que existe contubernio entre las autoridades municipales y la inmobiliaria que le vendió el terreno, toda vez que nunca realizó algún trámite o solicitud para adquirir un terreno de fundo legal, ya que no habita en el municipio de Progreso, ni cumple con los requisitos para que le sea otorgado, pues es propietaria de un predio ubicado en el fraccionamiento Siian Kaan III del fraccionamiento Caucel del municipio de Mérida, por lo cual afirmó que la asamblea de asignación es ilegal; además de que el terreno que pretendió comprar actualmente se encuentra ocupado.