Juicio político en Ucú sigue sin avances; adeudo laboral ya supera 1.4 millones de pesos

 


Mérida, Yucatán, 24 de enero de 2026.-  A más de dos meses de haberse presentado la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado de Yucatán, el procedimiento iniciado contra el Ayuntamiento de Ucú permanece sin avances sustantivos, pese a que el adeudo laboral que dio origen a la denuncia, vigente desde 2021, ya rebasa 1 millón 425 mil pesos, de acuerdo con resoluciones judiciales en vigor.

Denuncia ciudadana contra el alcalde de Ucú

El 4 de noviembre de 2025, tres ex trabajadoras del Ayuntamiento de Ucú —Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké— presentaron formalmente una denuncia ciudadana de juicio político ante el Poder Legislativo, en contra del presidente municipal, a quien acusan de desacato judicial, incumplimiento de acuerdos de Cabildo y daño al erario público.


Gener Pech León, presidente municipal de Ucú.

Las promoventes, representadas por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado, señalaron que fueron despedidas de manera injustificada, lo que derivó en un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial de Yucatán.

Laudo laboral no cumplido desde 2021

El proceso judicial concluyó en diciembre de 2021, cuando el Tribunal dictó un laudo condenatorio que obligaba al Ayuntamiento de Ucú a pagar 253 mil 040 pesos con 83 centavos a cada una de las ex trabajadoras, lo que representaba un monto total de 759 mil 120 pesos.

Sin embargo, el fallo no fue cumplido dentro del plazo legal de 15 días, lo que permitió que la deuda se incrementara de manera progresiva hasta alcanzar 1 millón 425 mil 840 pesos, según los acuerdos judiciales más recientes.

Las denunciantes sostienen que esta omisión ha generado un daño directo al patrimonio municipal, al tratarse de recursos públicos que ahora deberán destinarse al pago de recargos, actualizaciones y sanciones, en perjuicio de las finanzas del Ayuntamiento de Ucú.




Promueven amparo contra el Congreso de Yucatán

Ante la falta de avances en el procedimiento legislativo, el abogado Miguel Ángel Basteris informó que se ha retrasado la sustanciación del juicio político, por lo que fue promovido un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Yucatán.

“El amparo ya fue admitido por el Juzgado Tercero de Distrito; se espera el informe justificado del Congreso a más tardar el 3 de febrero, y la audiencia constitucional está programada para el 25 de febrero. No hemos quitado el dedo del renglón y seguimos en pie de lucha”, declaró.

El litigante explicó que, como efecto del amparo, el Ayuntamiento de Ucú, encabezado por el alcalde Gener Pech León, tendrá conocimiento formal del avance del proceso, lo que podría generar alguna reacción institucional durante el cierre de enero y los primeros días de febrero.

Acusan incumplimiento de acuerdos de Cabildo

En la denuncia presentada ante el Poder Legislativo se documenta que el Cabildo de Ucú, en sesión solemne celebrada el 25 de agosto de 2023, aprobó solicitar un préstamo al Congreso del Estado de Yucatán para cubrir la deuda laboral derivada del laudo judicial.

No obstante, el presidente municipal no habría dado cumplimiento al acuerdo, ni realizado las gestiones correspondientes para acceder a dicho financiamiento.

Incluso, el abogado señaló que el alcalde habría intentado simular el cumplimiento del mandato del Cabildo mediante oficios que carecen de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que presuntamente fueron enviados, entre ellas el Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso del Estado de Yucatán.

Esta conducta, advirtió, podría configurar delitos como falsificación documental y fraude procesal.




Llamado al Congreso a garantizar el Estado de Derecho

Las promoventes reiteraron su llamado al Congreso del Estado de Yucatán para que actúe con imparcialidad, legalidad y apego al Estado de Derecho, al considerar que el caso trasciende un conflicto laboral y pone en entredicho el respeto a las resoluciones judiciales y la correcta administración de los recursos públicos municipales en Ucú.


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