Designación política de jueces exigirá a las empresas nuevos niveles de cautela, análisis contextual y planeación jurídica

 

 

• Análisis del Despacho de Asuntos Públicos (DAP) sobre el impacto que la reforma judicial traerá al sector empresarial

 

 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2025.- Aunque el debate público sobre la reforma judicial ha girado en torno a sus implicaciones políticas, desde la perspectiva de las empresas, el verdadero impacto se vivirá en el terreno operativo: cómo litigar, cuándo hacerlo y en muchos casos, si conviene hacerlo.

El Despacho de Asuntos Públicos (DAP) advierte que las recientes elecciones judiciales, celebradas bajo un nuevo modelo de voto ciudadano, abren una etapa incierta para las compañías que interactúan con el sistema de justicia. Si bien la reforma introdujo una innovación institucional al permitir el sufragio directo para elegir jueces y magistrados, el proceso evidenció dinámicas de control político, baja participación y desinformación, lo que deja dudas sobre la legitimidad y consistencia del nuevo esquema.

 

“Para las empresas, el cambio no se limita a quiénes ocupan los cargos, sino a lo que eso implica para el litigio. Si el tribunal deja de ser un espacio de certeza técnica, muchas compañías optarán por resolver antes de entrar a juicio”, advirtió Ingrid Sánchez, Directora General de Contenidos en DAP y especialista en derecho constitucional.

 

El riesgo ya no es sólo perder un caso, es enfrentar decisiones menos previsibles, una mayor exposición mediática o criterios jurídicos que cambian de una región a otra. La lógica de resolver los conflictos en tribunales podría verse reemplazada por una cultura de prevención, acuerdos extrajudiciales o medios alternativos como el arbitraje o la mediación. Lo anterior no significa la desaparición de la justicia, sino una resignificación de cuándo conviene acudir a ella.

 

Las empresas deberán adaptarse a un poder judicial más heterogéneo, donde no siempre el mérito técnico será el común denominador. Algunos jueces llegarán con respaldo político o con vínculos ideológicos claros. Esto no implica necesariamente que actuarán con sesgo, pero sí obliga a un nuevo nivel de lectura contextual, especialmente en litigios sensibles o de alto perfil.

 

“Estamos entrando a un sistema donde el litigio ya no se juega sólo en los tribunales. También se jugará en la narrativa pública, en la reputación y en la capacidad de las empresas de anticipar escenarios políticos y sociales”, añadió Ingrid Sánchez.

 

El nuevo diseño institucional también traerá retos logísticos. Habrá procesos de integración en juzgados y tribunales, cambios administrativos, periodos de adaptación. No será inmediato ni homogéneo, pero sí exigirá a las áreas jurídicas corporativas mayor estrategia, análisis de entorno y control del riesgo reputacional. Las cláusulas arbitrales, los planes de crisis legal y la capacidad de negociación serán activos clave en esta etapa.

 

Desde DAP, se considera que la reforma judicial es uno de los diseños institucionales más audaces del sistema democrático mexicano. Pero su éxito no dependerá sólo del origen de los jueces, sino de su desempeño efectivo, de la certeza que logren generar y del equilibrio entre independencia y responsabilidad pública. Mientras tanto, las empresas deberán ajustar su brújula, el litigio ya no es solo un asunto legal, es una decisión estratégica.