MÉRIDA, Yucatán.- La delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) se convierte en una “bomba de tiempo”, debido a las numerosas arbitrariedades cometidas por la titular, Carmen Yadira de los Santos Robledo, tanto en contra de los trabajadores, quienes advirtieron que están dispuestos a tomar medidas para procurar la destitución de la nefasta funcionaria.
Incluso, son diversas las anomalías que comete en contra de los migrantes retenidos, al grado que en junio de 2022, un grupo de cubanos realizó una manifestación, la cual duró cerca de una semana.
De los Santos Robledo funge como delegada de Yucatán desde el 5 de mayo de 2022, luego de ser removida del mismo cargo que tenía en Chiapas, donde fue denunciada de nepotismo, extorsión, corrupción, prepotencia, despidos masivos, discriminación, e incluso, se le interpuso diversas denuncias penales.
Las mismas irregularidades prevalecen en Yucatán, aseveraron los inconformes, quienes omitieron sus nombres para evitar represalias.
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Personal del INM es objeto constante de acoso laboral ya que viene soportando arbitrariedades por parte de Yadira de los Santos Robledo, tales como falta de respeto al género femenino, desplantes despóticos.
Además de actos violatorios al código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal y Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación así como del INM.
El personal de esta dependencia federal sufre de numerosas violaciones a los Derechos humanos, como son horarios excesivos fuera de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de las Condiciones Generales de Trabajo, así como la realización de funciones operativas que no les corresponden.
Tanto en Chiapas como en Yucatán, la prepotente funcionaria federal destaca la prepotente autoridad que la caracteriza, “además de actos poco ajustados a las Condiciones Generales de Trabajo, resultando aquellos frustrantes al buen comportamiento y disposición del trabajador, actitudes que solo llevan a una degradación de las fuerzas laborales dentro del INM”.
Advirtieron que de no respetar sus derechos humanos laborales elevaran su queja ante el Órgano Interno de Control de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El 10 de junio de 2022, un grupo de cubanos protestaron frente a la delegación, para acusar de discriminación y maltrato a cerca de 80 migrantes retenidos.