MÉRIDA, Yucatán.- Mañana jueves 4 de agosto, se reanudará la audiencia en el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en contra de 12 empresarios y funcionarios vinculados en la ilegal donación de un terreno perteneciente a la Central de Abastos de Mérida.
Esta audiencia reanudará luego de 57 días de la primera parte, que tuvo lugar el 8 de junio. Durante el desahogo de la misma, la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a hacer a un lado la desidia y ponerse a trabajar, ya que ese día se abstuvo a citar a los 12 empresarios y funcionarios municipales del segundo trienio del alcalde Renán Barrera Concha y a los representantes del gobernador Mauricio Vila Dosal, implicados en el sonado caso de la Central de Abastos de Mérida, bajo el pretexto de desconocer el domicilio de las figuras públicas señalados como investigados.
A los presuntos 12 implicados según obra en la carpeta de investigación 94/2022, se les pidió que este jueves 4 de agosto, lleguen con media hora de anticipación, y por escrito se les advirtió que en caso de abstenerse a acudir, se les multará con mil 924.40 pesos.
La audiencia permitirá el esclarecimiento de los posibles hechos delictivos cometidos durante la “donación” de nueve hectáreas de terreno propiedad de la Central de Abastos de Mérida para la construcción y funcionamiento de la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”, el cual lo realizó el Ayuntamiento de Mérida, en beneficio del gobierno del Estado.
Ante la enérgica llamada de atención por parte de la juez Villanueva Segura a la FGE ante el argumento de desconocer el domicilio de los implicados, esta expresó que sólo se localizó la dirección de Paulino Hernández Herrera y Nora Argelia Pérez Pech, pero ninguno de los dos acudió a la audiencia.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) debieron de acudir Paulino Hernández Herrera, autonombrado “líder” de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, así como el representante del presidente municipal de Mérida, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
También se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como los hoy ex regidores Eduardo Seijo Solís y Nora Argelia Pérez Pech (actual adminstradora de la Central de Abastos de Mérida).
De igual forma, se invitó a acudir a Roberto Felipe Osorio Robertos, de la Administración General de la CAM; Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, pero éste último, falleció a consecuencia del Covid-19.
También se convocó a Carlos Gamboa Ponce, como representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servitur) y se solicitó la presencia de Michel Salum Francis y Luis Felipe Martín Oroza, representantes de Vila Dosal.
Todos ellos debieron comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda.