MÉRIDA, Yucatán.- Integrantes de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida acudieron hoy, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar el levantamiento del aseguramiento efectuado en las instalaciones, ya que dicha obra impide la adecuada realización de las actividades cotidianas que ahí se realizan además de generar un caos vehicular.
El presidente de la asociación de locatarios, Luis Moisés González Ojeda, a poco más de dos meses de la represión que sufrieron por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el momento no especifican el delito presuntamente cometido, pero si ocasionan un perjuicio en las actividades diarias.
Por tal motivo, acompañado de su abogado, Jorge Armando Basulto Pech, acudieron a la FGE, al comparecer sobre los hechos contenidos en la carpeta de investigación número 29/G9/2022 ejerció su derecho solicitó el levantamiento del aseguramiento colocado en la Central de Abastos de Mérida.
La cerca se empezó a colocar el 12 de febrero de 2022, al día siguiente de la agresión sufrida por parte de los elementos de la policía estatal. hasta abarcar una extensión de nueve hectáreas.
González Ojeda comentó que el área cercada servía como estacionamiento para los clientes, área de operación para los camiones de carga y tráilers, sitio de pernocta de los conductores de las pesas unidades, e incluso hay un área que servía de baños públicos.
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Por ende, hay un caos vial en la Central, afectando notablemente las actividades que se realizan.
El polémico caso de la Central de Abastos se ventila en el Juzgado Federal del Quinto Distrito, así como en el Legislativo local, en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, e incluso, los locatarios de Mérida cuentan con el apoyo incondicional de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimientos (Flama).
La Central de Abasto de Mérida lleva 40 años con la posesión de la propiedad por decreto federal, por lo que con las arbitrariedades cometidas a partir de 2020, tanto el gobierno del Estado como el Ayuntamiento atentan contra el derecho a la alimentación.