CIUDAD DE MÉXICO, México.- Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron por mayoría el dictamen de Ley de Seguridad Interior que se prevé suba al pleno en cuestión de horas.
Con 21 votos a favor, 12 en contra y una inasistencia (sin contar los votos de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que no se dio a conocer en un primer momento), con lo cual la iniciativa irá al pleno del Senado en cuestión de minutos para una primera lectura. Sin embargo, todavía no queda claro si el dictamen se quedará en una primera lectura y se votará mañana ante el pleno, como sugirieron los legisladores, o se votará esta misma madrugada.
La sesión de Comisiones Unidas para dictaminar la Ley de Seguridad Interior estaba programada para iniciar a las 11:00 horas, pero comenzó alrededor de las 14:30 horas, debido a que el PAN quería negociar un último ajuste a los cambios superficiales que el PRI y sus aliados hicieron al dictamen proveniente de la Cámara de Diputados.
Y mientras pasaban las horas, el repudio contra la Ley de Seguridad Interior iba en aumento. La ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto para exhortar al Senado a no aprobar la ley. Un llamado al que se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al menos 10 organismos estatales de derechos humanos (Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán).
Horas después, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana emitieron otro comunicado conjunto en el que manifestaban su rechazo a lo que consideraron una ley "que corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad".
Incluso el actor Diego Luna, como parte de los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva, pidió que los senadores no aprobaran "en lo oscurito y en chinga" una ley tan peligrosa para el futuro del país.
Pero ninguna de las advertencias surtió efecto.
Los senadores de oposición intentaron retrasar y reventar la sesión de comisones, con una moción de suspensión para que se discutiera el tema con menos premura, pero los números no les alcanzaron ante la aplanadora del PRI y un sector del PAN.
"Que vengan las fuerzas armadas a comparecer para conocer su desempeño en los últimos años", sugirió el senador Alejandro Encinas, cercano a la bancada PT-Morena.
"Es importante que ambos secretarios, de Defensa y Marina, vengan a rendir cuentas al Senado de la República. No tiene por qué existir un régimen de excepción cuando son funcionarios públicos", dijo Encinas.
Los senadores del PRD, Angélica de la Peña y Luis Sánchez, señalaron que los cambios realizados no tomaron en cuenta el comunicado conjunto con las observaciones de expertos en derechos humanos.
"Después de 11 años se quiere sacar en unas cuantas horas", recriminaba la senadora perredista. "Lamento que haya oídos sordos y que se les haya dado el avión a quien ha venido a plantear propuestas concretas, también para atender el reclamo de las fuerzas armadas", agregó.
"Ustedes dicen que tienen mayoría para aprobarlo. La tienen adentro, pero no la tienen afuera, donde tienen un ínfimo apoyo", recriminaba la senadora del PT-Morena, Dolores Padierna. "Esta ley es lo más grave que he visto en mis 18 años de parlamentaria", dijo la parlamentaria, quien agregaría que dicha iniciativa significaba "la rendición del Estado, la expresión del fracaso" del gobierno en materia de seguridad y que "ni siquiera apunta hacia una solución".
Cuando se discutían sobre las facultades de inteligencia y acceso a datos personales que se le confieren a las fuerzas armadas, un hombre presente durante la sesión interrumpió con gritos: "¡Roberto Gil, a mí me espiaron! ¡No pueden hacerle eso a todos los mexicanos!", gritó el ciudadano, quien desató la molestia de la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz, quien visiblemente exasperada trataba de mantener el orden.
La senadora del PAN Laura Rojas recriminó que las observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos fueran ignoradas aún cuando México ha suscrito varios convenios internacionales en la materia. "Algunos senadores no conocen cómo funcionan los organismos internacionales, la CIDH y ONU-DH no están hablando a título personal", apuntó.
Sin embargo, otro panista, Fernando Torres Graciano, aseguró que hubo tiempo suficiente para discutir el tema. "Sí nos dimos el tiempo, el espacio y la tarea de escuchar a estas voces", señaló.
El también panista Juan Carlos Romero Hicks fue más crítico al señalar que, irónicamente, la Ley de Seguridad Interior representa una amenaza para la seguridad interior del país, al representar una "amenaza para el federalismo y las instituciones civiles".
"México quiere paz, seguridad ciudadana y certeza jurídica. Estos instrumentos no garantizan ni paz, ni seguridad, ni certeza jurídica", dijo Romero Hicks. "Este proyecto de ley señala que hay que preservar la seguridad interior y luego establecer procedimeintos; este proyecto no establece bases, procedimientos ni modalidades de coordinación, sino instrumentos de subordinación", agregó.
Otro legislador del PAN, Roberto Gil Zuarth, sostuvo que la ley lleva mucho tiempo discutiéndose y que hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dan luz verde a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
"Nos ha dicho la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 1-1996 que las fuerzas armadas pueden tener el mandato del presidente para enfrentar un riesgo inminante como la paz pública o que pueden generar un trastorno interno", señaló. Agregó que la SCJN en 2012, a propósito de discutir el fuero militar, confirmó la tesis de que "la misión constitucional de las fuerzas armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa".
"Lo que estamos tratando de hacer es poner orden al desorden", señaló Gil Zuarth, quien añadió que la Ley de Seguridad Interior busca poner controles al presidente de la República y las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Esto, con el fin de que las fuerzas armadas "no puedan ser utilizadas caprichosamente" por el Ejecutivo, aún cuando reconoció que esto es precisamente lo que ha ocurrido durante más de una década.
Aunque muchos senadores, sobre todo del PRI, pusieron hincapié en la necesidad de aprobar la ley para acabar con los problemas de inseguridad, Gil Zuarth fue enfático al señalar que la Ley de Seguridad Interior "no busca acabar con la inseguridad".
Un hecho que fue criticado por el senador del PT-Morena, Miguel Barbosa.
"Ahora nos dicen que el propósito de esta minuta no es abatir la seguridad pública sino regular el uso del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas", arremetió el poblano.
"Como nunca antes, muy diversas instituciones han alzado la voz contra la Ley de Seguridad Interior y, como siempre, este gobierno las ha ignorado, fingiendo apertura. Y al final, como va a ocurrir, se aprueba lo que se tenía previsto", agregó.
"El gobierno no ignora el rechazo de la gente a esta ley, pero no le importa. Sus propuestas nunca han sido a favor de la gente", añadió Barbosa, quien consideró que la aprobación de la ley "equivale a cambiar el eje sobre el que gira el poder político" en México.
El panista Jorge Luis Preciado criticó que los senadores de oposición quisieran dar un matiz político al tema "tratando de agradar a las organizaciones". "Lo que la gente está aclamando es seguridad, no le interesa quién lo haga", dijo el senador de blanquiazul oriundo de Colima. "De donde vengo a la gente no le interesa si es el Ejército o la policía local quien los cuida, les interesa la seguridad", agregó.
"¿La presencia del Ejército en Colima, de qué ha servido?", le cuestionó Encinas.
Preciado cantinfleó y se salió por la tangente. "No es la única medida que hay que tomar", reconoció.
Patricio Martínez García, del PRI, acusó de mentirosos a los senadores que se opusieron a la ley.
"Llevamos toda la tarde oyendo falsedades que parecen verdades", espetó tras hacer un reproche al rechazo expresado por los obispos de la iglesia católica a la Ley de Seguridad Interior. "No podemos buscar una ley perfecta en su articulado, pero el estado de cosas no puede permanecer igual. ¡Tenemos que votar esto hoy, hoy hoy!", exclamó.
El senador del PT-Morena, Benjamín Robles Montoya, cuestionó: "Están a punto de aprobar uno de los más grandes retrocesos al Estado de derecho y los derechos humanos en el país, y lo están haciendo ignorando los riesgos que han advertido las organizaciones sociales", dijo. "Las mesas terminaron siendo una vil legitimación para aprobar una ley", agregó en alusión a los foros donde participaron organizaciones sociales y gobernadores.