MÉRIDA, Yucatán.- Con una votación de 4 a uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este día la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, que señala que el Municipio de Mérida deberá pagar al Banco Santander las rentas, así como los correspondientes intereses moratorios, desde que dejó de cumplir con su obligación y hasta la extinción del contrato de arrendamiento de luminarias suscrito por el Ayuntamiento de Mérida con la empresa de arrendamiento puro AB&C Leasing.
Ayer, en la sesión de cabildo, el alcalde Mauricio Vila Dosal dijo que que aunque no está de acuerdo con la resolución del máximo tribunal del país, la acatará "en respeto a las instituciones y el estado de derecho”.
Además aseguró que la economía de los meridanos y la prestación de los servicios públicos municipales no se verán afectados ante tal resolución. toda vez que el Ayuntamiento contempló en su presupuesto una resolución en contra y desde el año pasado creó un fondo de 36 millones de pesos como medida preventiva.
Este fondo con la idéntica cantidad de pesos también se cuenta para el 2017.
“Por el momento no conocemos los alcances de la sentencia, como lo es el monto total a pagar, ni cuando estaríamos obligados a ejecutar algún tipo de falló”, indció el primer edil de Mérida.
Cronología del juicio en contra de Mérida
Cabe recordar que desde el 31 de octubre de 2014, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, ya había emitido sentencia a favor de Banco Santander, ratificando la validez de la cesión de derechos de cobro de las rentas originadas, resolución que fue apelada por el Ayuntamiento de Mérida.
El 6 de junio de 2015 el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, Manuel Suárez Fragoso, confirmó dicha sentencia en segunda instancia. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Mérida solicitó un amparo, que se resolvió en favor de la empresa de luminarias el 3 de marzo de 2016.
El Ayuntamiento de Mérida acudió a la SCJN para solicitar la revisión de la resolución del Juez de Circuito, pero la resolución le fue adversa.
En su momento, el apoderado legal de AB&C Leasing de México, Francisco Moya Gómez señaló que el Ayuntamiento de Mérida está obligado a pagar a Banco Santander, como cesionario de los derechos de cobro, las rentas vencidas no pagadas y los intereses moratorios generados por el incumplimiento en el pago de las mismas.
Además, dijo que al prolongar el proceso, el Ayuntamiento de Mérida además tendrá que pagar lo acumulando de intereses moratorios y gastos legales que se utilizaron en la batalle legal de varios años.
Y advirtió que se reclamará el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a AB&C Leasing de México por las injustificadas acciones y demandas en contra de la empresa.
Ante el fallo dado a conocer este miércoles, la empresa AB&C comunicó que se encuentra en platicas con sus abogados para saber cuáles serán las medidas a seguir en contra del Ayuntamiento de Mérida.